En México, la justicia para adolescentes representa un esfuerzo por equilibrar la responsabilidad legal con la oportunidad de reinserción social. A diferencia del sistema penal para adultos, este modelo reconoce que las personas menores de 18 años están en proceso de desarrollo físico, emocional y moral, por lo que requieren un trato diferenciado que priorice la educación, la orientación y la protección de sus derechos.

El sistema de justicia para adolescentes se rige por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente desde 2016. Esta ley establece que las y los adolescentes que cometen una conducta tipificada como delito no deben ser tratados como criminales adultos, sino como personas que necesitan apoyo para corregir su camino y reintegrarse positivamente a la sociedad. La edad mínima de responsabilidad penal en México es de 12 años, y las sanciones aplicables varían según la gravedad del delito y la edad del infractor, siempre bajo la supervisión de jueces especializados.

Enfoque en la reinserción, no en el castigo

El principio rector del sistema es la reinserción social y familiar. Las medidas que se aplican buscan reparar el daño y fomentar la responsabilidad, pero evitando la estigmatización. Por ejemplo, en lugar de penas privativas de libertad, se privilegian alternativas como la asistencia a programas educativos, terapia psicológica, trabajo comunitario o la obligación de pedir disculpas públicas. Solo en casos graves (como homicidio o secuestro), y cuando el adolescente tiene entre 14 y 17 años, se puede imponer una medida de internamiento.

Estas medidas se aplican en centros especializados, no en cárceles comunes, donde se ofrece educación formal, atención médica, actividades deportivas y apoyo psicológico. El objetivo no es castigar, sino reconstruir vínculos, fortalecer valores y abrir nuevas oportunidades de vida.

El papel de la familia y la sociedad

Un aspecto fundamental de la justicia para adolescentes es la participación activa de la familia y la comunidad. La reintegración solo es posible si el entorno del joven también se transforma. Por eso, las autoridades promueven programas de orientación familiar y acompañamiento social, buscando que los adolescentes regresen a espacios seguros donde puedan continuar su desarrollo.

La sociedad también tiene un papel clave. Más allá de juzgar, debe comprender que la mayoría de estos jóvenes provienen de contextos de vulnerabilidad: pobreza, violencia, abandono o falta de educación. Entender esto no significa justificar, sino apostar por segundas oportunidades.

Conclusión

La justicia para adolescentes en México es un reflejo de una sociedad que busca evolucionar hacia la empatía y la prevención. No se trata de impunidad, sino de reconocer que los errores en la juventud pueden ser una oportunidad para aprender y reconstruir. Apostar por este modelo es apostar por un futuro donde la ley no solo sancione, sino también eduque, reintegre y transforme vidas.

Referencias:

Clic para Asesoría